El gobierno militar, por ellos mismos
denominados “Proceso de Reorganización Nacional”, asumiendo la representación
jurídica del país, solicitó voluminosos créditos en el exterior, expidiendo
bonos con diversos valores nominales que integraban el monto de los préstamos.
Así creció notablemente el monto de la deuda
externa, llevándolo a la suma de varios miles de millones de dólares; pero
mucho tiempo después de la desaparición de este gobierno de facto, ocurrieron
los disturbios y las calamidades de principio de siglo que culminaron con la
huída del entonces presidente constitucional de la Nación , Fernando de la
Rúa. En esa ocasión el país entró en lo que se llama “cesación de pagos”
no pudiendo responder a las obligaciones contraídas en el exterior (default).
Cuando el día 25 de Mayo de 2003 se hizo cargo
del gobierno de la Nación
el ciudadano Néstor Carlos Kirchner, quien se propuso defender el prestigio del
país, a cuyo efecto uno de los pasos importantes era el de la normalización de
la deuda externa.
Con tal objeto propuso en el año 2005 una
reestructuración de la deuda invitando a todos los acreedores a que efectuaran
una quita de sus créditos, y otorgaran un plazo para el pago de las
obligaciones fraccionadas. Esta restructuración de deuda, si bien fue aceptada
por muchos acreedores, no satisfizo las expectativas del gobernante. Y después
de su deceso, la sucesora Dra. Cristina Fernández de Kirchner, volvió a ofrecer
una restructuración de deuda similar a la anterior. Entre ambas propuestas
accedieron a reducir el monto de sus créditos y otorgar mayor plazo para el
pago un 93% de los acreedores. Pero como ya había trascendido el estado de
bancarrota fiscal de la
Argentina , los bonos expedidos por los gobiernos anteriores
para el pago de la deuda se desvalorizaron rápida y profundamente.
En esa ocasión aparecieron capitalistas
especuladores que a vil precio compraron los bonos en default, y los
conservaron esperando una mejor ocasión.
Y durante la presidencia de la Dra. Cristina Fernández, estos
especuladores creyeron advertir signos de recuperación económica en la Argentina , y entonces no
vacilaron en promover juicios por cobro de esos bonos, más sus intereses que
habrían devengado. Y como los bonos emitidos por los gobiernos anteriores para
el pago de la deuda externa incluían una cláusula que determinaba la
jurisdicción de los tribunales norteamericanos para dirimir las cuestiones que
se suscitaran, no vacilaron en iniciar juicio contra la Argentina ante el
juzgado federal de Nueva York, a cargo del Juez Dr. Griesa. Uno de estos
acreedores es el conocido Paul Singer; y los créditos de estos personajes son
los conocidos bajo el nombre de “holdouts”.
El gobierno anterior encomendó la defensa de
los intereses de la
Argentina a un estudio de abogados residentes en aquella
ciudad norteamericano. Planteando las más diversas defensas lograron demorar de
manera prolongada la consecución de la causa.
El Dr. Griesa dictó sentencia en el proceso,
condenando a la Argentina
al pago de los capitales reclamados por esos acreedores, con más los intereses
convenidos en los mismos bonos a lo que debía adicionárseles las costas del
juicio y los impuestos que gravan las actuaciones judiciales en aquel país.
En esta situación estaba el conflicto generado
por los holdouts en el tribunal de Nueva York; y en estas condiciones asumió el
nuevo gobierno y personalmente el Ing. Mauricio Macri se propuso pagar los
créditos reclamados por los llamados “fondos buitres” proponiendo una reducción
en el monto de los intereses. También decidió encomendar la defensa de los
intereses de la Argentina
a otro estudio de abogados norteamericanos, lo cual equivalía a cambiar la
cabalgadura cruzando en el medio del río. Pero este nuevo estudio de
profesionales se hizo cargo de la situación y continúa atendiendo el juicio
encomendado.
Mientras tanto el juez Griesa designó a un
mediador para que discuta con las partes interesadas en el proceso acerca de
las posibilidades de un avenimiento. Este mediador, apellidado Polak,
interviene en las reuniones que realizan las partes en las que invariablemente
es la que propone pagar la deuda con alguna reducción del capital o de los
intereses que se van devengando; reducción que bajo ningún concepto aceptan los
especuladores que han promovido la acción. Pero de todos modos el juez Dr.
Griesa advirtió a la
Argentina que no homologará ningún convenio mientras estén
vigentes en aquel país las leyes denominadas “de cerrojo” y de “deuda soberana”
dictadas durante el gobierno de la Dra.
Cristina Fernández.
En tal sentido, el nuevo poder ejecutivo
personificado en el Ing. Mauricio Macri, envió a la cámara de diputados un
proyecto de ley disponiendo la abrogación lisa y llana de las referidas leyes,
logrando la adhesión no solo de los diputados de su partido sino la de
diputados de otras bancadas (frente renovador, PJ disidente, etc.). Al respecto
son varios los economistas que sostienen firmemente la necesidad de, al menos,
derogar parcialmente las disposiciones de esas leyes para lograr ponerle punto
final a la prolongada cuestión de los holdouts, afirmando que una vez liquidado
ese asunto, la Argentina
recuperará la confianza universal de la que hoy carece, y vendrán las tan
esperadas inversiones de empresas de todo el mundo para generar más trabajo en la Argentina , y lograr una
mejor distribución de la riqueza.
Sin embargo si recordamos que a principios de
su gestión gubernamental el Ing. Macri concurrió a la reunión de Davos (en
Suiza) con la esperanza de que su presentación
generara la confianza necesaria para que fluyeran inversiones de
capitales a su país, para instalar fábricas, emporios, etc., y pese al tiempo
transcurrido no ha logrado casi inversiónes, cabe preguntarse que garantías de
lograr que vengan las esperadas inversiones de capitales cuando se paguen la
totalidad de la deuda de los “fondos buitres”. Hay que tener en cuenta que el
monto reclamado por los holdouts configura una suma sideral para la economía
Argentina, que supera los 15 mil millones de dólares…